Las empresas mexicanas contaban 4.6 millones de personas ocupadas a través del esquema outsourcing hacia finales del año pasado. Esos millones de personas más los que nos se cuentan estarán en una cuerda floja si este martes 13 de abril los legisladores aprueban las reformas que regularizan la subcontratación.
De aprobarse los nuevos criterios en torno a ese esquema —para muchos, flexible y que ha permitido sostener un número mayor de empleos, aun en situaciones de precariedad económica—, también se impondrán numerosas sanciones para las empresas que no los acaten.
Las reformas al outsourcing han sido promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún con el desacuerdo del sector empresarial en México. Pero las nuevas reformas surgen, luego de un diálogo con la iniciativa privada, aunque con la decisión final de los legisladores.
Las modificaciones que se proponen en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, sancionan el uso de esquemas simulados de prestación de servicios especializados, al considerarlo un delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
De acuerdo con la explicación del gobierno, una empresa que se dedica a la publicidad no podría subcontratar talento de las áreas de mercadotecnia o comunicación, pero sí servicios como limpieza o de construcción. Y en el caso de recurrir a una agencia de empleo, ésta no se considerará como patrón.
¿Por qué se le darán trato de defraudador fiscal a la empresa que subcontrate un servicio no especializado? El argumento de la reforma es que en el fondo de la subcontratación existe la evasión fiscal, pues las empresas retienen, pero no enteran a las autoridades hacendarias el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
También se exigirá que las empresas de subcontratación se registren ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), si no lo hacen serán severamente multadas.
Mientras que las empresas deberán obtener un registro patronal en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y tendrán un plazo de 90 días para hacerlo, una vez que entre en vigor la nueva ley.
La reforma también contempla un nuevo esquema para el cálculo de utilidades de los trabajadores, que les devolvería más del 150% de participación en este rubro. De aprobarse esta regulación, se otorgará tres meses a las empresas para acatar las resoluciones de la misma.
A pesar de todos los señalamientos contra el outsourcing, firmas de consultoría y subcontratación de larga trayectoria, como Manpower Group Latinoamérica, señalan las bondades que este esquema ha tenido.
Menciona como ejemplo, el impulsar el ingreso al mercado laboral de las mujeres que sólo pueden trabajar durante las horas en que sus hijos están en la escuela, o el brindar un primer empleo a los jóvenes que carecen de experiencia.
Sin olvidar que este tipo de esquemas de contratación favorecen la movilidad y la flexibilidad de los empleos, algo que impulsa la modernización de la fuerza laboral.
Por ahora, la discusión y posible aprobación de la prohibición del outsourcing ya se echó a andar y la cuenta regresiva ha iniciado.
De verdad nos interesa saber qué es lo que piensas sobre esta iniciativa de reforma que prohíbe el outsourcing, esquema en el que transita el trabajo informal, que es más del 50 por ciento de la población económicamente activa. ¡Cuéntanos!
