En notas anteriores, hemos desarrollado la idea del impacto de las redes sociales en nuestras vidas y, sobre todo, en la comunicación política. Por eso hoy traigo un tema que considero sumamente relevante y que se está debatiendo en distintos puntos del hemisferio: la regulación del uso de redes sociales en menores de edad.
Si estás leyendo esto buscando una opinión cerrada sobre si esto está bien o mal, no la vas a encontrar. Mi intención es analizar por qué diversos gobiernos están tomando estas decisiones y si estas medidas son suficientes (o excesivas); las conclusiones, como siempre, quedan a criterio del lector.
Algo que sí podemos afirmar es que las redes sociales generan un tipo de adicción: pasamos grandes cantidades de tiempo frente a la pantalla haciendo scroll infinito o debatiendo con desconocidos. Pero, ¿es esto solo un problema de los menores? ¿O es un fenómeno mucho más complejo que abarca a gran parte de la sociedad? Me animo a responder —aun con riesgo a equivocarme— que es una problemática general, aunque reconozco que los niños y adolescentes son los más vulnerables a sufrir consecuencias como la depresión, la dependencia, la pérdida de concentración y peligros para su seguridad.
El dilema de la velocidad normativa
Ante este escenario, diversos gobiernos nacionales buscan regular las plataformas para prevenir estos riesgos. Sin embargo, como vengo sosteniendo, las instituciones van muy por detrás de la tecnología. La velocidad con la que todo evoluciona hace que sea muy difícil evaluar las consecuencias a tiempo o medir si las políticas públicas de regulación son realmente efectivas.
Vemos ejemplos recientes y contundentes:
- Australia (diciembre de 2025): Prohibió el acceso a ciertas redes a menores de 16 años, bajo amenaza de sanciones millonarias para las empresas que incumplan.
- Dinamarca: Sigue un camino similar, buscando prohibir el acceso a menores de 15 años, con la posibilidad de que los mayores de 13 ingresen bajo estricto control parental.
- Francia y España: Ambos países avanzan en líneas similares, estableciendo los 15 años como la frontera para el uso de estas plataformas.
¿Es la prohibición la respuesta?
Es evidente que los Estados buscan afrontar el problema mediante la limitación por franjas etarias. Pero cabe preguntarse: ¿Son estas medidas suficientes? ¿Generará la prohibición el efecto deseado o simplemente fomentará el uso de herramientas para saltarse los bloqueos? En un entorno que cambia a una velocidad vertiginosa, quizás la prohibición sea solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande.
¿Es justo que la responsabilidad caiga solo en los padres y el Estado, o deberían las plataformas rediseñar sus algoritmos para dejar de ser adictivas por naturaleza? Quizás el debate no es solo a qué edad entrar, sino a qué tipo de entorno estamos permitiendo que entren.