Les platico con fondo de “Mujer casos de la vida real” lo que me han platicado y lo que he vivido en materia de registro de marcas que parece inadmisible si por inadmisible consideramos a los fraudes y a las molestas llamadas ofreciéndonos servicios casi a la fuerza sin que nosotros hayamos pedido que nos marquen, nos ofrezcan registros y nos adviertan de que nuestra marca está próxima a vencer o, simplemente, que no encontraron indicio de registro alguno.
Metiches y mentirosos
Pues bien, el primer caso es molesto, es invasivo y no tiene justificación bajo ninguna razón a menos que ustedes, como publicistas y especialistas en marketing me digan que estoy en lo incorrecto y que, con tal de conseguir clientes, se vale de todo, incluso caminar por la línea delgada de utilizar datos personales para beneficio propio.
Este caso se inserta, sin duda alguna, en aquellas ocasiones en que reciben una llamada para decirles que los pueden incluir en una revista donde aparecen las 300 mejores empresas restauranteras o de servicios jurídicos o cualquier otra, porque ya vieron que tienen página de internet o redes sociales. O, incluso, estas llamadas de tarjetas de crédito de bancos que ni topan pero que saben que tienen un buen historial crediticio digno de llenarlos de plásticos.
Marcia vulnerada
Resulta que los datos del IMPI resultan públicos, particularmente la de las solicitudes de registro que se llevan dentro de la plataforma “Marcia”, la cual contiene, al menos, solicitudes con nombre del representante legal, dirección física y dirección de correo electrónico. Resulta que como el ocio es tan grande como la ambición de conseguir clientes por destajo, algunos “despachos” se ponen a revisar la plataforma detectando aquellas respuestas del Instituto en las que niegan el registro por cualquier razón.
En mi caso, la empresa denomina IP-Brand se dice un equipo de abogados, químicos, ingenieros y diseñadores que, por lo que se ve, no tienen mucho qué hacer, entonces mandan correos muy focalizados para el registro de marcas. En mi caso, de una marca que no di seguimiento derivado de que la empresa matriz ya la había registrado meses a través del gerente sin que les hubiera dicho, resulta que el IMPI me responde que no había desahogado un requerimiento de información y, por lo tanto, ya no se seguía el trámite.
Pues resulta que este grupo de profesionistas exitosos me mandó un correo diciéndome que “de una revisión de nuestros expedientes en el portal de IMPI” detectó que no desahogué un requerimiento y que mi marca estaba abandonada. Acto seguido dicen que ellos saben muchísimo, que son experimentados y pueden ayudarme a hacer las cosas bien (porque suponen que soy incapaz de hacer las cosas bien). Dejan sus datos de contacto y toda la cosa.
En este caso en específico, la gravedad está en asumir que esos expediente del IMPI que están en el portal son suyos, toda vez que esa información nunca se les puso a su disposición, ellos no tienen aviso de privacidad vinculado al Instituto que les permita recabar datos de empresas y representantes legales, ni tienen facultades para hacer esta revisión de prospectos de clientes, peor aún así lo hacen en el límite de la ilegalidad, lo cual demuestra que, al menos, buenos abogados no son porque su redacción implica la aceptación del delito de falsificación de documentos.
Al borde del delito
Este ejemplo, aunque muy molesto, puede que apenas roce los linderos de lo legal (aunque es discutible), sin embargo, existe otro caso del que el Instituto advirtió de un fraude que dimensiones millonarias que estaba haciendo una empresa o, mejor dicho, una red de estafadores en materia de marcas.
Esos hechos reportados en redes sociales eran operados por una empresa denominada OUL, conformada por “abogados especialistas”, sin embargo, ni siquiera estamos seguros que la misma empresa de la página de internet sea la que mandaba ciertos documentos apócrifos que inducían al engaño de las y los usuarios. De ser real, debe haber repercusiones serias en materia penal y administrativa.
Lo que estos sujetos hacen es emitir un documento que parece emitido por una autoridad por la formalidad y la cita de artículos de la ley, en el que dicen que omitir el registro propiciará la pérdida de la marca, por lo que ponen a disposición cuentas bancarias a depositar y un monto que es del triple de lo que cobra el IMPI por pago de derechos.
Este tipo de cosas alertan al propietario de la marca creyendo que es del Instituto y pagan el monto. Lo que no se sabe es que si esta empresa lleva a cabo el registro desquitando el pago o simplemente se lo embolsa sin dar nada a cambio lo cual tipificaría el delito de extorsión o fraude. Y aún llevando a cabo el registro, esta conducta se encuadra en delitos, en publicidad engañosa y muchos otros aspectos que son seriamente cuestionables.
La corrupción somos todos
Así las cosas, de verdad recomiendo que no den juego a estas empresas. Que aún con estas advertencias y documentos consulten asesores serios para que las prácticas de este calibre desaparezcan y, en dado caso que lo estimen conveniente, denuncien. La corrupción, la impunidad y todas esas malas prácticas que achacamos al gobierno están enraizadas en la cultura mexicana, en una sociedad que se niega a apegarse a la legalidad y a violentar principios éticos y morales para el beneficio propio.
