El día de hoy se trata más de una disertación que una realidad jurídica y tiene que ver con el Deporte en todos los sentidos, pero, particularmente, en términos de aquellos deportes que no forman parte del alto rendimiento regulado por el Gobierno y, en algunos casos apoyado e impulsado, sobre todo porque es una discusión que, a mi parecer, no está acabada.
Liga estancada
Hace ya varios meses, algunos clubes de la Liga de Expansión del futbol mexicano, división que funge como la inferior a la división más alta (donde están los clubes famosos, América, Pumas, Guadalajara, Cruz Azul, etcétera) y que históricamente había sido una división de ascenso, es decir, el mejor equipo de esa liga ascendía al máximo circuito y el peor de la Primera División descendía, acudieron a instancias internacionales dentro del máximo órgano rector del fútbol, la FIFA, para reclamar que desde hace varios años se suprimió el ascenso y, por lo tanto, sus franquicias no podían adquirir mayor valor ante esa traba.
Independientemente que rechazaron su petición para obligar a la Federación Mexicana de Futbol a instaurar nuevamente esa medida, algunos presidentes de esos clubes, en consonancia con políticos de diversos grupos parlamentarios barajaron la posibilidad de que el Gobierno “metiera mano” y obligara a la Federación a hacer los cambios necesarios para mejorar la competencia.
Espectáculo cuestionable
Bajo ese contexto es fundamental señalar que hay algunos deportes que se convierten más en un espectáculo y, bajo ese caldo de cultivo, hay prácticas y circunstancias que rompen con la esencia natural del deporte concebida desde la Antigua Grecia y en época moderna por el Barón Pierre de Coubertin y, entonces, parece que vivimos en una falsaria afición que se derrumba ante circunstancias evidentemente opacas y cuestionables.
Respecto la petición de la intervención del Gobierno en la liga mexicana de futbol, la respuesta fue inmediata y lapidaria: al tratarse de un negocio privado, el Gobierno no tiene facultades para sancionar a la Federación bajo esta premisa de falta de competencia e, incluso, evidentes casos de corrupción.
Apuntando a la sien
En mi particular punto de vista, el fútbol a nivel mundial se ha convertido en un espectáculo donde se privilegia lo fantástico por encima de lo deportivo; las grandes hazañas y “polémicas” que fortalecen a los más poderosos en detrimento de clubes con tradición, pero poco dinero. La conformación del futbol federado se ha vuelto una especie de círculo cerrado a manera de una mafia, donde los estatutos internos blindan esa opacidad característica.
Lo anterior porque esa negativa de revisión del gobierno a la federación mexicana se sustentó en los artículos 14 y 15 de los estatutos de la FIFA que, a grandes rasgos señala que los gobiernos no pueden intervenir en la federaciones, ya que, de ser así, se sanciona a la federación impidiéndole acceso a todas las competencias a nivel de selecciones o de clubes a nivel internacional.
Evidentemente esta arbitrariedad más bien parece una cláusula pensada en proteger intereses que rayan en lo delictivo. Sin embargo, la lógica de uno de los Senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, me parece lógica aunque muy general: el Senado puede intervenir porque aunque es un negocio privado, el fútbol es de interés público y ahí sí nadie puede negarlo.
Evidentes transas
Y es que en el seno del fútbol mexicano existen amaños de partidos, arbitrajes cuestionables donde los jueces después aparecen con fortunas inexplicables, sanciones que se guardan bajo la alfombra y cantidades exorbitantes pagadas por futbolistas que, desde luego, no tienen ese valor de mercado y se presta para lavado de dinero.
De hecho, en las pocas veces que ha intervenido la autoridad en el fútbol mexicano sea traducido en comisión de delitos graves. Por ello, la intervención de magnates tomando decisiones por un asunto que el país entero lo ha tomado como bandera de unidad, implicaría una revisión de fondo a las reglas del juego: topes salariales, revisión de estados financieros, intervención de grupos delictivos, fomento de la violencia, falta de competencia por beneficios a determinados intereses y, obviamente, fraudes a la confianza del espectador.
Si hubiera que aterrizarlo, entro del poco espacio normativo que tenemos, el Gobierno puede intervenir dentro de la línea de protección al consumidor al menos, ya que, al ser un producto vendible, hay afectaciones a personas que pagan por verlo (en transmisiones televisivas concesionadas, de paga o acudiendo a los estadios) pero que resultan defraudados con un espectáculo que parece transparente, pero al final no lo es.
Para un “fifas” como yo, esto no deja de rondarme la cabeza desde hace décadas, ya que en la cara de lo público se generan fraudes evidentes que han “más grandes” a algunos, cuando la realidad son los que ponen el balón sobre la mesa y con ese balón se hace lo que ellos quieran.








