El gran problema de nuestro país, dicen, es la corrupción que se ha arraigado como una forma de vida en todas las fibras de la sociedad mexicana, ya que le entra a la mordida tanto el grandote como el chiquito, lo que permite que las condiciones de cohecho y prebendas se eternicen de tal manera que parezcan una herencia de la conquista como señalara hace ya muchas décadas Samuel Ramos, un sociólogo sorprendente que gustaba de observar el comportamiento del mexicano en general y que decía, en el caso de la corrupción que si llevábamos 450 años de conquista, harían falta 450 años más para revertir todas las mañas de esa época.

En mi concepción, la hermana siamesa de la corrupción es la impunidad, la cual me parece igual o más grave que las corruptelas que se viven a diario. En la impunidad, entendida como la falta de castigo a quien infringe la ley, tenemos que señalar como actores principales a agentes del ministerio público con sus policías de investigación y peritos y, en menor medida, a jueces y magistrados que a veces se echan unas maromas increíbles para justificar una decisión a todas luces injusta.

Si damos un repaso por Congresos locales, Cámara de Diputados o Senado de la República, vamos a encontrar que del total de iniciativas a los códigos penales o cualquier otra disposición que tipifique delitos, en el 90 por ciento de ellas la modificación consiste en un aumento de la pena luego de que la exposición de motivos señale el alza en la incidencia de la comisión de ese delito.

Este tipo de reformas legales solamente abonan al discurso de la o el legislador para que digan que están trabajando en un tema de gran relevancia para la ciudadanía, cuando se sabe, por cuestiones de política criminal, que el aumento de las penas no hace que bajen los delitos, por el contrario, lo que sí impacta en los números de forma positiva, es la cantidad de sentencias condenatorias por la comisión de esas conductas y es ahí donde la puerca tuerce el rabo.

Al respecto, tiene mucho que ver la labor de las fiscalías en los estados y de los jueces que conocen de los asuntos penales aunque, en los casos de estos son infinitamente menos los casos de corrupción respecto de los primeros. A veces no sólo es un tema de corrupción, sino de falta compromiso con el papel que juegan en la persecución penal casi al nivel de “acá haciendo como que trabajo mientras ellos hacen como que me pagan”.

De ahí que, para quienes nos dedicamos al litigio y tratamos con denuncias en la materia, sea un auténtico infierno ir a cualquier agencia del ministerio público para tratar un asunto. No sólo por la enorme cantidad de tiempo que se pierde, sino por la falta de resultados en las investigaciones cuando uno es denunciante. Desde minucias legales, hasta el tratar de “batear” la denuncia por cualquier razón para no tener más trabajo, miles o cientos de miles de denuncias mueren en cajones o en archivos.

Esto me lleva a pensar que si bien pueden llegar a saturarse de trabajo en las fiscalías, existen otras áreas dentro de una fiscalía que brillan por su ausencia al ser meramente instrumentos políticos que de poco sirven, no obtienen resultados y cuando llegan a tenerlos es para beneficiar a los intereses de tal o cual grupo. Me refiero específicamente a las fiscalías especializadas en investigar delitos electorales, las cuales salen cada que hay elección a vestir chalecos tácticos y a ser espectadores de los miles de delitos electorales cometidos durante ese periodo.

Ahora bien, siguiendo el hilo de impunidad y adorno que pueden ser estas unidades o fiscalías especializadas, quería mencionar, de forma tangencial y no para subirme al tren dado el periodo electoral que vivimos, esta polémica surgida hace días en las que varios músicos, especialmente los de la banda de rock MOLOTOV, se han quejado del uso indebido de sus obras en campañas políticas, en las que las mutilan groseramente esperando que no pase nada, porque, en efecto no pasa nada.

Para inicio hay que recordar lo que dice el Código Penal Federal cuando señala que “Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución”, ello sin contar las infracciones administrativas previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor por el uso sin consentimiento de las obras y, además, su mutilación.

Independientemente que la ley es muy clara, la realidad es la que desborda de impunidad estos casos, ya que como lo relata el propio grupo de rock con las denuncias que presentaron en 2021, existen argucias, interpretaciones o mejor dicho, tergiversaciones, de la norma que generan una salida para que los infractores queden impunes.

De entrada, acreditar la legitimación de quien es afectado por ello es un problema, seguido por el hecho de que el Ministerio Público argumenta que el delito no puede achacarse a un partido político por no ser un sujeto de los que marca la norma penal. O, como estas, cualquier otro tipo de absurdeces que nos hacen ver que en México hay cosas que no se tocan porque hay más intereses que los de mantener el orden, la paz y la legalidad.

Ese es el problema del país. Cuando viremos a un espacio donde se haga cumplir la ley, ni más ni menos, cambiará la percepción de la autoridad y se actuara en función del temor a la sanción (como pasa en EUA) porque, para ser honestos, llegar a niveles como los de algunos países asiáticos donde no se hacen cosas indebidas sólo porque moral y socialmente no es lo correcto. Sueños guajiros que nos llevarán muchos años.