Para el tema que nos atañe, puedo empezar diciendo que yo considero a la corporación Walt Disney como uno de los peores ejemplos de lo que el capitalismo desenfrenado puede hacer. Los critico desde lo que han hecho con la franquicia de Star Wars hasta los precios de entrada a sus parques de diversiones, pasando por su ubicua presencia en medios así como la forma en que le prefieren apostar a los refritos de fórmulas comprobadas antes de liberar la creatividad.

En particular le tengo mucha tirria a ese espíritu monopólico, voraz, y “dueño de la verdad” que ostenta de la misma manera que muchas otras grandes corporaciones; para nada los ubico como la empresa del “amable ratoncito” o la “fábrica de fantasías” que nos quieren vender.

También hay que decirlo, son épocas distintas, épocas en que la política se ha infiltrado en todos los niveles y en los temas más banales. Épocas en que algunas ideologías se han transformado en una especie de secta con todos sus elementos negativos.

Estoy hablando del Partido Republicano de Estados Unidos, institución política que ha logrado algo que parecía imposible: hacer que la corporación Disney sea vista como “los buenos” de esta película.

Comenzamos:

Todo empezó con una de esas leyes educativas en la que los republicanos se aprovechan de los miedos y fobias de los padres para instituir verdaderos absurdos: la famosa ley “Don’t say gay”, la cual limita lo que un profesor de escuela puede decir o hacer en términos de inclusión sexual (agenda de género dirían los más conservadores).

La ley es muy vaga y va a funcionar a la perfección ya que la mayoría de los educadores evitará de forma activa el tema debido a la real amenaza de ser demandado por algún padre de familia ofendidito por el más mínimo detalle. No tienen para comer, menos para pagar abogados.

Está comprobado: el estado de Florida es famoso por su vena conservadora, religiosa y de criterio más cerrado que una beata jalisciense.

El gran problema aquí es que la directiva de Disney se atrevió a criticar la dichosa ley y esto causó la ira del gobernador republicano (obviamente) Ron DeSantis. Este individuo está candidateándose para la presidencia de Estados Unidos y para ello está dispuesto a interpretar su mejor papel ante el voto duro (rednecks, religiosos y conservadores) que antes se volcó en favor de Trump. El tipo encontró en la actitud de Disney un verdadero filón para quedar bien con su público objetivo.

La firma da empleo a 75 mil personas en Florida, además de ser uno de los principales motores económicos: sus parques de diversiones y hoteles representan uno de los imanes turísticos más importantes no solo del estado sino del país completo.

Para vengarse del atrevimiento de la empresa a criticar su ley, el gobernador pasó una nueva que elimina el estatus especial que ha gozado Disney desde 1967 en el estado de Florida.

Esta particularidad se llama Reedy Creek Improvement District y es una entidad (en teoría) independiente que administra los terrenos que ocupa Disney, unos 100 kilómetros cuadrados insertos en los condados de Orange y Osceola y que es dirigida por personas surgidas directamente de la corporación Disney, es decir, son de casa.

El caso es que la empresa de entretenimiento paga impuestos en estos dos condados pero, además, paga un tercer impuesto (que yo más bien llamaría cuota de mantenimiento) al distrito. Con esto Disney se concede a si misma el privilegio de crear sus propios códigos de desarrollo y construcción cosa que le permite hacer, de manera literal, lo que le dé la gana. Si se les antojara construir un reactor nuclear, podrían hacerlo sin el más mínimo problema.

Sin embargo, como diría la araña de las películas, un gran poder representa una gran responsabilidad. Con el impuesto que Disney se pone solita deben de salir los gastos: servicios de energía, suministro y tratamiento de agua, recolección de basura, mantenimiento de calles (estamos hablando de unos 280 kilómetros pavimentados) además de transporte público y bomberos.

Disney paga por esto unos 165 millones de dólares al año ADEMÁS de lo que entrega por impuestos a los condados de Osceola y Orange. Los gastos de los servicios son tan grandes que Reedy Creek se ha visto obligada a “pedir prestado” a Disney por lo que también ostenta una deuda de mil millones de dólares con la corporación.

Aquí el caso es que la nueva ley aprobada por el gobernador desaparecerá en julio del año que entra las entidades especiales como Reedy Creek. La consecuencia inmediata será que los condados donde se encuentran los parques deberán de comenzar a brindar los servicios que esta prestaba a Disney (sin recibir un solo centavo extra) y, además, absorber la deuda de mil millones de dolarucos.

¡Qué gran negocio!

El republicano gobernador de Florida está dispuesto a meter a una buena parte de sus gobernados en un problemón económico debido a que quiere “poner en su lugar” a los de Disney, que le criticaron su ley.

Más allá de ser un tema de flagrante violación a la libertad de expresión y de contravenir los propios principios republicanos de libre empresa, el gobernador se está metiendo en un pleito directo y sin cortapisas con una de las empresas con mayor control mediático del mundo.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si los noticiarios que Disney controla ignoraran o, de plano, iniciaran una campaña contra DeSantis y sus aspiraciones presidenciales? ¿Si sus televisoras deportivas se negaran a transmitir los partidos de los principales equipos deportivos de Florida?

Tampoco hay que olvidar que Disney cuenta con un equipo legal que haría palidecer al propio Darth Vader y que, además, les encanta litigar bajo el más mínimo pretexto.

Algo que es muy cierto es que Disney, como buena entidad corporativa que es, luchará con uñas y dientes contra cualquier persona o cosa que intente afectar sus intereses, sin importar si son justos o no.

Así que el agarrón ya está listo y, eso sí, de algo estamos seguros: se va a poner muy bueno.

¿Quién tiene más poder, Disney o los republicanos?