En un momento en que las familias se han visto severamente afectadas sus finanzas por la crisis económica y social que ha provocado la pandemia de coronavirus, el gobierno mexicano plantea establecer un impuesto de 7 por ciento al consumo de contenidos audiovisuales de compañías extranjeras, además del incremento forzoso que se aplicó a la proveeduría de estos servicios hace no muchos meses y que, por cierto, no son deducibles porque estas empresas no emiten CFDI en su mayoría.
Estas plataformas conocidas en la industria de contenidos como over the top (OTT) -Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, Apple TV, entre otras- son en su mayoría extranjeras y con esta iniciativa se verían obligadas a contar con un domicilio en territorio nacional donde los usuarios puedan presentar quejas y reclamaciones.
De no contar con una dirección física real y comprobable, se establecería el pago de una tasa de 15 por ciento adicional. Y claro, en todos los casos, tendrían que salir del bolsillo del consumidor.
Analistas de la industria del entretenimiento advierten que esta propuesta llegaría para truncar el acceso y la democratización de la cultura, a la variedad y a las novedades del mercado mundial, pues el usuario que gusta de ver este tipo de plataformas tendría que absorber un costo que quizá no podría o no querría solventar.
Lo que se plantea, entonces, es un doble gravamen (que en otros países absorben las empresas) por la contratación y uso de servicios de streaming: uno por brindar la plataforma y otro por consumir sus contenidos, lo cual se contrapone a las regulaciones y estatutos de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y T-MEC.
Por si no fuera suficiente, lo anterior podría traer complicaciones con el TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México + Estados Unidos + Canadá), porque el primer país estaría aplicando impuestos especiales que los otros dos no harían, lo cual va en contra de los acuerdos, además de ser un trato discriminatorio a la disponibilidad de los productos digitales.
¿Cuánto más terminaría pagando el consumidor mexicano?
De ser aprobada la iniciativa, éstos serían algunos de los precios totales (en pesos mexicanos) que habría que pagar:
El volumen del mercado mexicano
De acuerdo cifras de The CIU, en México hay más de 30 plataformas disponibles, un mercado que ha ido al alza en el último año, crecimiento significativo debido al confinamiento:
En 2020, estas empresas generaron en México ingresos de 881 millones de dólares y, si bien se ha proyectado que lleguen hasta 1,454 millones de dólares para 2024, este crecimiento podría verse altamente mermado por el tema de la doble tributación que se pretende imponer próximamente.
La comunicación de este gravamen ha sido nula o desvirtuada. Lo que poca gente sabe es que se pretende que alrededor del 40 por ciento de lo que se recaude por este concepto se destine a programas de cobertura social de telecomunicaciones en comunidades rurales e indígenas apartadas.
Mientras este tipo de acciones se vean más como una imposición y no como un beneficio para el país, la respuesta de proveedores y de usuarios puede resultar tan adversa como la reducción o cancelación del consumo de estos servicios. ¿O cómo ves tú el panorama?
