Cuando se escribe de temas como los que yo abordo en este espacio, es decir, temas jurídicos, es sumamente difícil apartarse de cuestiones públicas que implican el devenir del país. Aun cuando la política es un tema abiertamente aborrecido y que la conversación sobre aspectos electorales suele ser un tema vedado por las pasiones y molestias que despierta, parte de la cultura política a la que aspiramos implica conocer a fondo cómo funciona nuestro sistema a fin de tomar las mejores decisiones.

A pesar de lo anterior, el objetivo de esta columna no es pronunciarme a favor o en contra del resultado de las elecciones, ya que, en el entendido que sí, existieron muchas violaciones a la normatividad electoral tal y como ha sucedido históricamente en este país, se trata de una decisión soberana en un sistema político en el que la democracia es su forma de gobierno y, por lo tanto, reina lo que la mayoría decida, guste o no.

El terrible derecho legislativo

Este momento es fundamental para hablar de dos figuras que debemos entender: por un lado, la necesidad de la existencia de legisladores por representación proporcional y de primera minoría y, por el otro, lo que se denomina sobrerrepresentación legislativa con las implicaciones que ello indica en la conformación de mayorías parlamentarias.

Cuando nos enfrentamos a un proceso electoral en el que en la jornada electoral se eligen diversos cargos a nivel municipal, estatal y federal, encontramos muchísimas posiciones políticas a ocuparse, propiciando que se lleguen a recibir hasta 6 boletas electorales. En nociones sobre toma de decisiones políticas, hay dos posturas: una que establece que se da el voto único a una opción política en todos los cargos, es decir, que la persona frente a las urnas, para evitar complicaciones, vota el mismo partido en todos los cargos a elegirse. Ene l otro extremo está quien señala que el votante hace un sufragio diferenciado al votar por diferentes opciones políticas dependiendo el cargo que esté en juego.

Decisión popular, guste o no

El voto único nos hace pensar en querer un esquema político como el del Presidencialismo fuerte que teníamos en los tiempos del partido hegemónico, de “la dictadura perfecta” dijera Octavio Paz, ya que al Presidente se le asignan los legisladores del mismo partido, de tal manera que sus decisiones sean avaladas por el Poder Legislativo sin oposición alguna. El voto diferenciado es una especie de “te voy a dar la oportunidad de que presidas el país, pero tendrás que convencer al Congreso para que tus propuestas sean aprobadas”.

Lo que sucedió el 2 de junio pasado podría entenderse como la decisión de la ciudadanía de dar todo el poder a la Presidente de la República al darle una mayoría importante en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, situación muy parecida a lo que ocurrió en elecciones locales donde estaba en juego la gubernatura y el congreso local, elegir al Gobernador y dotarle de mayoría de su partido en el Congreso.

Si esa es la voluntad popular nada o poco podemos hacer, pero cuando se trata de una treta jurídica es en donde tenemos problemas. La Constitución y la ley en la materia señalan el principio de sobrerrepresentación, el cual está prohibido. Este principio señala que ningún partido puede tener un porcentaje de diputados que exceda en 8 por ciento a lo obtenido en la votación, es decir, si un partido obtuvo el 40 por ciento de las preferencias electorales, entonces no pude tener más del 48 por ciento de diputados o senadores en las cámaras.

Los malditos “Pluris”

Y es aquí donde entran los odiados legisladores de representación proporcional o también conocidos como plurinominales. Si estos no existieran pudiéramos tener el caso que un solo partido obtuviera el noventa o cien por ciento de representantes legislativos, generando que las personas que no votaron por ellos no tuvieran una representación real en el Congreso. Lo pongo así, aún cuando un partido gane los 300 distritos uninominales que se deciden exclusivamente por el numero de votos y todos ellos ganaron con el 60 por ciento de los sufragios, tendríamos al 40 por ciento de la población que no votó por ellos sin un representante que defienda sus intereses o posturas ideológicas. Sería injusto democráticamente hablando, entendiendo que la democracia se asienta en el diálogo y no en el mayoriteo.

Por esta razón los “pluris” se asignan de acuerdo con unas listas en función de la votación obtenida para que “los mejores perdedores” tengan asignados espacios en el Congreso y se pueda dar un debate de altura (sí, ajá). Esta asignación se da por medio de fórmulas matemáticas y cuidando que no haya sobrerrepresentación porque está prohibida.

La argucia

El tema aquí es que por medio de las coaliciones se está vulnerando el principio de no sobrerrepresentación, ya que se postulan candidatos del partido grande al partido chico aliado, para que no cuente en la “bolsita” de aquel y entonces no se considere en el porcentaje de sobrerrepresentación. Y sí, todo deriva de esa laguna jurídica (ansiada por los abogados, odiada pro los no abogados) que dice que ningún “partido” podrá tener más del 8 por ciento de diputados con base en el porcentaje obtenido en la elección. Es decir, como dice “partido” no “coalición” entonces ahí se dan los juegos perversos. Ojo, esto no sólo paso en esta elección sino en anteriores donde otros partidos fueron los ganadores.

Esto fue lo que generó un descontrol en los mercados y la subida del peso atendiendo a que el partido ganador y hasta una dependencia gubernamental, aseguraron que para la siguiente legislatura, la coalición ganadora tendría mayoría calificada, es decir, la mayoría que representa dos terceras partes en Diputados y Senadores que permite aprobar reformas a la Constitución y, en general, todas las reformas y nombramientos sin oposición alguna. Ello permitiría acceder al “Plan C” del Presidente de aprobar todas su reformas que estaban detenidas, con todo lo que ello implica. Al final el líder del partido dijo que no alcanzaban mayoría calificada en el Senado de la República, lo cual tampoco es garantía de impedir las reformas, ya que la historia nos ha demostrado bandazos y compra de conciencias.

En el caso de la Ciudad de México, justo la interpretación jurídica hizo que al partido ganador le permitieran sobre representación y la discusión está a todo lo que da.

Sin predisposiciones, a esperar cómo reacciona el país.