Impacto económico ante prohibición de comida chatarra
09:57
9 Abr, 2025
“Cada elección alimentaria es un voto de confianza y un cuidado para el futuro de tu cuerpo.”
Aprovechando la ola tecnológica y donde a manera de juego o de “Calis”, muchas personas comienzan a recurrir a los sistemas o plataformas de inteligencia artificial, para investigar, consultar, crear o corroborar algunos datos; hice el ejercicio de preguntarle a “Grok”sobre el posible impacto económico que tendrá la prohibición en la venta de productos alimenticios procesados, conocida popularmente como “comida chatarra”, derivado del programa de gobierno “Vida Saludable” que prohibe la venta de refrescos, frituras, dulces, chocolates, pastelitos y productos similares en las escuelas de México.
El objetivo de esta medida, que entró en vigor el pasado 29 de marzo del año en curso, dicen, es “cuidar la salud de los estudiantes y frenar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas”. De modo que las escuelas que incumplan los lineamientos sobre la alimentación escolar, podrían recibir multas económicas y administrativas.
Todos aquellos alimentos procesados, cuyos empaque están marcados con sellos y leyendas de alto contenido de grasas, azúcares y sodio, quedan fuera de las escuelas a partir de la fecha mencionada, y en su lugar, los planteles educativos deberán promover:
-El consumo de agua natural
-La disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos en las cooperativas escolares,
-Procurar e impulsar la práctica de actividades físicas y deportivas dentro de las escuelas.
De esto hablaré más adelante.
Una idea, no tan nueva:
Fue durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, quien junto con el Dr. Córdova, entonces titular de la Secretaría de Salud, intentaron implementar la norma de retirar de las escuelas, refrescos y alimentos procesados, pero en aquel 2010, ante la intentona; al Osito Bimbo casi le da un infarto, a la cara de Sabritas se le borró la sonrisa, y el “maguito” de Sonrics amenazó con lanzar un hechizo diabólico.
Vino entonces la presión desde la iniciativa privada, así lo vendieron diputados que entonces eran oposición y así, la idea simplemente no prosperó. Al final, la iniciativa en esencia sana y muy buena, fue modificada y la solución ante los reclamos de salud por el daño que pueden generar los alimentos ultraprocesados terminó en; presentaciones más pequeñas con menos gramaje y nada más.
Esta medida solamente benefició a las marcas comerciales, las que al reducir la porción, hizo que los niños en vez de comprar una bolsita, compraran dos; con los beneficios económicos que esto generó.
Durante el sexenio anterior y derivado de los primeros reclamos ante las muertes de Covid-19 en México, vino la nueva ley de etiquetado, responsabilizando a la industria alimenticia por la “morbilidad” que complicaba la salud de los primeros infectados, pero esta, tampoco sirvió para corregir el problema de fondo, mala nutrición o malos hábitos alimenticios.
Ciertamente, si inhibes la venta de algo dañino, bajará el consumo de este tipo de productos y por ende sus efectos negativos en la salud de la población pudieran verse reducidos. Sin embargo, la realidad de la sociedad en México y en especial la de las familias con hijos, dista mucho de los disparates u ocurrencias del político “empoderado” en turno.
El impacto económico
En términos financieros y monetarios, estimar el impacto económico no es tan sencillo, ya que el análisis requiere considerar varios factores, entre los que destacan:
-Tamaño del mercado escolar.
-Dependencia de cada una de las marcas que participan de ventas en el segmento.
-Los costos de adaptación a la nueva normativa
A partir de información disponible y tendencias observadas se pueden inferir algunos datos, que presento a continuación.
En México, el sistema educativo nacional se compone de 231,000 planteles en sus tres niveles; básico, medio superior y superior, esto según cifras de la SEP (Secretaría de Educación Pública) atendiendo a más de 29 millones de estudiantes. De acuerdo a algunos datos publicados por El Poder del Consumidor, un estudiante promedio, en México, consume alrededor de 500 kilocalorías diarias en productos chatarra dentro de las escuelas, y el 98% de los planteles en México vendían, hasta hace unos días, este tipo de alimentos antes de la prohibición.
Si partimos del supuesto donde cada estudiante gasta, dentro de un rango promedio, de 10 a 20 pesos diarios en cooperativas escolares (bajo un escenario conservador, con base en precios típicos de refrescos, frituras y dulces), el mercado escolar podría representar entre 250 y 500 millones de pesos diarios durante el ciclo escolar (aproximadamente 180 días).
Esto equivale a un mercado anual de 45,000 a 90,000 millones de pesos (unos 2,250 a 4,500 millones de dólares al tipo de cambio actual).
Marcas como Coca-Cola, Pepsi, Sabritas (parte de PepsiCo), Bimbo y Marinela, que dominan el segmento de bebidas azucaradas, botanas y panificación industrial, cuentan con una cuota importante de mercado, dentro de este canal. Si bien las ventas escolares no representan su principal fuente de ingresos (supermercados y tiendas de conveniencia lideran), el segmento sí es relevante por su volumen y por ser uno de los primeros puntos de contacto, para los consumidores jóvenes.
La prohibición recién implementada, seguramente reducirá los ingresos directos de las marcas, en este canal en particular, según con algunos especialistas en consumo, entre un 5% y 15%, dependiendo de su exposición al mercado escolar, según estimaciones generales de la industria alimentaria en contextos similares (como las restricciones en Oaxaca y Tabasco en 2020).
Además Coca-Cola y Pepsi, enfrentan también la eliminación de refrescos (presentes en el 70% de las escuelas), estas dos marcas en particular, podrían ver una caída notable en volumen de ventas, mientras que Sabritas y Bimbo perderían terreno en botanas y pastelitos.
Costos indirectos
Además del impacto directo a las ventas, las empresas deberán enfrentar costos indirectos como:
-Tener que reformular productos para cumplir con los nuevos lineamientos (bajos en azúcar, grasas y sodio)
-Desarrollar campañas de marketing alternativas y buscar nuevos canales de distribución. ConMéxico, (Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C.) formado por las empresas más grandes de México, entre las que destacan Grupo Alpura, Coca-Cola, Grupo FEMSA, Gruma, Grupo Bimbo, Philip Morris, Grupo Modelo, PepsiCo, Nestlé y Unilever, ha señalado que el desafío está en la implementación y en la cadena de suministro, lo que sugiere inversiones significativas en innovación y logística.
Por otro lado, la venta informal fuera de las escuelas (que persiste sin regulación estricta) podría mitigar parte de las pérdidas, aunque no compensaría el volumen perdido dentro de los planteles.
El impacto económico estimado para estas marcas, por la caída en ventas, podría oscilar una disminución de entre 2,000 a 13,500 millones de pesos anuales (considerando el tamaño del mercado escolar y una afectación del 5-15%), más los costos de adaptación que podrían sumar cientos de millones adicionales.
Sin embargo, el efecto a largo plazo dependerá de su capacidad para ofrecer alternativas saludables y mantener su presencia en otros canales. La industria ya ha mostrado resistencia (como los amparos de 16 empresas reportados por El Poder del Consumidor), pero la presión regulatoria y social podría forzar una transformación significativa en su modelo de negocio.
Algunas inquietudes que surgen
Esta semana entró en vigor la prohibición de comida chatarra en la escuelas y sus inmediaciones.
Los lineamientos del programa “Vida Saludable” prohiben la ELABORACIÓN, VENTA O PUBLICIDAD de alimentos que tengan los sellos o a alimentos a granel con grasas saturadas, azúcares o harinas procesadas.
La nueva normatividad señala a directores y supervisores como los RESPONSABLES de “vigilar” la aplicación de las medidas dispuestas. En caso de incumplimiento serán acreedores a sanciones del tipo administrativo. Faculta además a la COFEPRIS para hacer visitas de verificación a escuelas así cómo dotarlo de autoridad para emitir multas a los planteles educativos que no cumplan con lo estipulado en el programa.
Pareciera que de nueva cuenta, pretenden responsabilizar a un tercero de lo que en esencia, es la responsabilidad primaria de los padres, la nutrición de sus hijos. Una investigación realizada por Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, publicada en 2019, daba cuenta de que en algunas regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, prevalece la desnutrición infantil al mismo nivel que a finales de los 60´s e inicios de los 70´s. A este problema, habría que sumar el del desplazamiento forzado, de poblaciones enteras, a consecuencia del dominio y control de células del crimen organizado en dichas zonas.
Según especialistas en nutrición infantil una correcta alimentación debe construirse en casa desde las primeras etapas de gestación y hasta los dos años de edad del infante, algunos estudios especializados en el área, le llaman a esta etapa “Los mil días en la vida de un niño son la clave”. Y siendo México uno de los países donde la desnutrición y el sobrepeso coexisten, no es de extrañar que 1 de cada 8 niños, menores de 5 años en México, sufra por desnutrición crónica, que no refiere solamente a la falta de alimento sino a la calidad de lo que consume.
La realidad que prevalece en nuestro país y aunque a muchos adultos no les guste, es que en muchísimos casos; son los mismos padres, maestros, directores y supervisores quienes tienen y practican malos hábitos alimenticios, sobrepeso y obesidad. De modo tal que la prohibición no cambiará en nada sus patrones de consumo y por ende, los niños continuarán observando e incorporando estos malos hábitos a su conducta aprendida.
Si bien la norma recién aplicada, privilegia el consumo de agua natural, la realidad en México da cuenta de que 1 de cada 2 escuelas en México no tienen ni agua potable, lo anterior según un estudio realizado por Grupo Promesa, empresa enfocada en sustentabilidad, otras más tienen bebederos pero sin funcionar, porque no hay dinero para su mantenimiento y así podemos documentar múltiples casos.
¿Ejercicio físico?
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, (ENSANUT 2023) reporta que 7 de cada 10 escolares, son físicamente inactivos, mientras que en el caso de los adolescentes el rango se incremente 5 de cada 10 no reportan actividad física y en relación a este punto, me surgen algunas dudas:
- ¿Cuántos planteles cuentan con el espacio adecuado para ello?
- ¿En cuántos planteles cuentan con un Profesor en educación física, debidamente certificado y en forma?
- ¿Cuánto tiempo pasará antes de que políticos, acompañados de gente de la farándula, organicen una clase masiva al mes y ya con eso, sirva para mejorar los indicadores de desempeño?
- ¿Qué va a pasar con los ambulantes, los van a quitar de las escuelas o ahora van a vender legumbres y ensaladas?
Difícil educar sin ser ejemplo.
Gracias por leerme, nos vemos en 15 días.
Juan Pablo Altamirano
11 abril, 2025 
