Parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad no lo es. Primero fue internet, después los celulares, más tarde las redes sociales y ahora la inteligencia artificial irrumpió en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para quienes nacieron en la década del 90 en Latinoamérica, el proceso fue bastante distinto a como suele contarse hoy. Internet recién empezó a utilizarse de manera más extendida hacia finales de los años 90; luego llegaron los teléfonos móviles y, algunos años después, comenzaron a aparecer las redes sociales: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y, más tarde, TikTok.
Estos cambios no se dieron de un día para el otro, pero sí en lapsos de tiempo relativamente rápidos. En 1990, apenas el 0,05 % de la población mundial tenía acceso a internet; hoy, aproximadamente el 68 % de la población global utiliza este servicio. Facebook, por ejemplo, tenía en 2010 más de 500 millones de usuarios y hoy supera los 3.000 millones. En menos de veinte años se produjeron cambios extraordinarios en la manera en que nos relacionamos, nos informamos y nos comunicamos.
Sin duda, la velocidad con la que se dan estos procesos hace muy difícil analizar sus consecuencias, tanto positivas como negativas, así como también pensar qué medidas tomar para corregir posibles efectos no deseados. Los gobiernos y las instituciones que intentan regular estas cuestiones suelen correr detrás de algo que no logran alcanzar. Cuando una norma entra en vigencia, muchas veces la tecnología ya cambió.
Ahora bien, todos estos cambios —sin siquiera entrar todavía en el impacto de la inteligencia artificial— han generado transformaciones profundas en la comunicación. Y dentro de este campo aparece también el debate público y político. Durante varios años se sostuvo la idea de que las redes sociales venían a democratizar la comunicación: que permitirían ampliar el debate, reducir intermediarios, eliminar distancias geográficas y barreras lingüísticas, y darles voz a actores que antes no la tenían.
Hoy, sin embargo, cabe preguntarse si esas afirmaciones eran —o siguen siendo— realmente ciertas.
La comunicación política en redes no parece estar pensada para generar un intercambio genuino de ideas, sino para fidelizar. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de los mensajes que circulan, por ejemplo en Twitter (X), no buscan abrir un debate real, sino reforzar convicciones ya existentes y consolidar a quienes ya están convencidos. No se habla para el que piensa distinto, sino para el propio público.
Los likes, los retuits y las respuestas funcionan más como señales de pertenencia que como herramientas de diálogo. El objetivo no es discutir, sino confirmar. En ese contexto, el desacuerdo no se presenta como una oportunidad para intercambiar argumentos, sino como una amenaza o una provocación. Así, el debate público se fragmenta en burbujas ideológicas donde cada grupo se escucha a sí mismo.
Paradójicamente, nunca se habló tanto de política en espacios digitales y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil dialogar. La lógica de las plataformas premia los mensajes simples, emocionales y rápidos, mientras que castiga la complejidad, los matices y la duda. El resultado es mucho engagement, pero poco diálogo real.
Cabe preguntarnos, a modo de autocrítica personal, si los actores políticos que seguimos en Twitter o Instagram piensan realmente distinto a nosotros, o si solo seguimos a quienes confirman lo que ya creemos. Las redes y las nuevas tecnologías prometieron ampliar y globalizar el debate público, pero muchas veces lo que producen es un debate superficial, sin ideas ni escucha, que en lugar de acercarnos profundiza la fragmentación de la sociedad.
El desafío, entonces, no pasa solo por estar en redes o por generar más interacción, sino por preguntarnos qué tipo de comunicación pública estamos construyendo. Porque sin intercambio genuino de ideas, sin escucha y sin confrontación argumentada, la promesa de una comunicación política más democrática queda reducida a una ilusión.
23 enero, 2026 
