A estas alturas creemos que la Responsabilidad Social de las Empresas se traduce en 7 comerciales semanales con un “¿tienes el valor o te vale”, eventos como el Teletón, que ha sido severamente cuestionado o regalar juguetes cada 6 de enero con aportaciones de la sociedad. En ese mismo sentido asumimos que estas acciones tienen un componente de “favor” por parte de las corporaciones que se asientan en México y acumulan gran capital con la intención de generar más y mejores empleos.

Ni es un favor, ni es tan simple, ni podemos concebir a las empresas como santificadoras del cochino dinero que día a día acumulan de forma irracional. De hecho, desde que aparecieron las certificaciones ISO, muchas de las empresas las vieron como un medio de publicitar su grandeza moral frente a muchas otras conductas que pudieran ser cuestionables y no como el fin último entendido como la oportunidad de conducirse ética y socialmente correcta.

Corporaciones duras, gobierno blando

Por ahí del 2011, en un gobierno que por su naturaleza ponía más atención en lo empresarial y si acaso en las organizaciones de la sociedad civil, se formuló una propuesta de clarificación de lo que es la responsabilidad social de las empresas desde una perspectiva estatal-reguladora que recalara en un bienestar social o comunitario, pero atendiendo a principios constitucionales y de tratados internacionales.

Dentro de lo mercantilista que pudo ser esta propuesta, la Norma NMX-SAST-26000-IMNC-2011, también denominada Guía de Responsabilidad Social, establecía una serie de lineamientos, definiciones y acciones que tenían que cumplir las personas morales para que las pudiéramos considerar como socialmente responsables.

La importancia de cacarear el huevo

Antes de entrar de lleno a algunos aspectos del contenido de esa guía de forma somera, es preciso señalar que uno de los aspectos fundamentales de esta materia es el alcance comunicativo de las acciones, es decir, los mensajes que formulen las corporaciones en México, además de ser congruentes y coherentes, deben ser traspasados hacia la opinión pública para que el escrutinio sea completo, de ahí el papel del Marketing para llegar a un mayor número de personas y cubrir mayores necesidades sociales, si no por convicción, al menos sí por obligación.

Para empezar y se decepcionen de una buena vez, la Guía no pudo ser señalada como obligatoria por la evidente presión empresarial de cumplir requisitos benéficos para la sociedad mexicana pero, en una de esas, costosos para quienes veían más costos que beneficios, razón por la cual la Secretaría de Economía tuvo que salir a decir que lo que se obtiene del cumplimiento de ella es: ventaja competitiva, reputación, capacidad para atraer o retener a trabajadores o clientes, percepción positiva frente a otras empresas y, desde luego, una mejor relación con el gobierno.

En fin, aún cuando pareciera que los lineamientos no son obligatorios, si revisamos a fondo podemos darnos cuenta que, desde luego, hay un impacto legal de cumplimiento que las empresas deben cumplir, de ahí que el gobierno debería reforzar sus facultades de verificación administrativa y legal (claro pensando en que ya acabamos con la corrupción…sí, como no), para imponer sanciones vinculadas.

La norma ni tan norma

Pues bien, en ese documento se señala el objeto de aplicación que incluye a empresas chicas y grandes por igual, las definiciones y conceptos, además de una breve historia de la responsabilidad empresarial como para sensibilizar a los “machucones”, sacarles su sentido patriótico y esperar que todo lo hagan por las buenas.

Después nos habla de los principios de la responsabilidad social. Ahí no me podrán negar que no son (o no debieran ser) simples llamados a misas, sino que son leyes y reglamentos que deben cumplir sí o sí todas las empresas. Esos principios son:

• Transparencia y rendición de cuentas.
• Comportamiento ético.
• Respeto a los intereses de las partes interesadas (es decir, respetar los contratos con otras empresas, evitar fraudes y hacer valer los derechos laborales).
• Respeto al principio de legalidad y la normativa internacional respecto al comportamiento.
• Respeto a los derechos humanos. Porque no olviden que las empresas también son susceptibles de violar derechos humanos, no sólo el gobierno.

Lo anterior se traduce en que la empresa debe de poner atención a diversas acciones que debe cubrir de forma específica para la famosísima gobernanza: respeto a los derechos humanos; llevar a cabo prácticas laborales sanas apegadas a la normatividad; atender todas las recomendaciones, leyes, reglamentos y medidas en materia medio ambiental; tener prácticas justas de operación en su perspectiva empresarial pero también con consumidores; y, un tema primordial es saber cómo van a aportar al desarrollo comunitario (sí, más allá que adoptar un camellón como en las Lomas de Chapultepec).

Estas acciones, una vez implementadas, deben estar sujetas a la revisión constante para crear una serie de mejoras que, además, deben ser comunicadas para obtener los beneficios que ya señalamos, sin embargo, más allá de eso, porque el cumplimiento cabal de las mismas será una contención para revisiones fiscales, administrativas o laborales, toda vez que las inspecciones de este tipo están a cargo de la autoridad y pueden darse en cualquier momento.

Re-flexión económica

En todo este andamiaje de responsabilidad empresarial bien hemos hecho en permitir a las empresas que implementen estas medidas en su beneficio, ya que ello reportará mayores y más lícitas ganancias, sin embargo, creo que esta norma que se tradujo en guía debe transformarse en un elemento coactivo por parte de los gobiernos para no dejar al arbitrio de los intereses empresariales el bienestar de la ciudadanía o del consumidor.

Y más allá de ello, es momento de ponernos a reflexionar sobre las ganancias estratosféricas que se traducen en acumulación financiera sin que se mejores las condiciones laborales de las personas o fomenten el desarrollo (ya no crecimiento) de las sociedades en las que están enraizadas esas empresas que buscan los espacios más cómodos de inversión que les reporten menores esfuerzos de cumplimiento legal para acrecentar prácticas monopólicas y elusivas fiscales que terminan afectando a las comunidades. Sí, esta vez está muy “rojilla” esta columna.